Debido a las barreras que tradicionalmente han enfrentado las mujeres para acceder a un aborto legal y también debido a que muchas mujeres e incluso personal de salud no conocen las precisiones que aquí hemos hecho sobre el aborto permitido para evitar un peligro para la salud de la mujer embarazada, esto las lleva a recurrir al aborto inseguro y clandestino.
Qué dicen las cifras del aborto en Ecuador
No se cuenta con estadísticas confiables sobre el número de abortos que suceden anualmente en el país. Algunas estimaciones registran entre 43,000 y 55,000 abortos al año pero en ellos se incluyen todo tipo de abortos sin poder diferenciar claramente los espontáneos de los inducidos.
Los datos oficiales, expresan las estadísticas a manera de número de abortos por cada 1.000 nacidos vivos; el Ministerio de Salud Pública del Ecuador dice que entre los años 2004 y 2014, hubo 115 abortos por cada 1.000 nacidos vivos.
Ya sea que las cifras sean precisas o no, lo anterior confirma que negar a las mujeres el derecho a tener un aborto no desaparece la necesidad de interrumpir un embarazo, y por lo contrario hace que las mujeres pongan en riesgo su vida y expongan su salud.
La falta de estadísticas también obedece a la dificultad de registrar una práctica que, por el contexto legal restrictivo, suele suceder en la clandestinidad.
La ilegalidad no previene el aborto, ni salva vidas
Con registros insuficientes, o subregistro de casos y la falta de voluntad política de las instituciones de salud por entender el fenómeno del aborto, lo cierto es que al final lo que está en juego es el bienestar, la salud y la vida de miles de mujeres y otras personas gestantes, que una vez surge la necesidad recurrirán a la interrupción del embarazo aun arriesgando su propia integridad.
Mientras tanto, en Ecuador hay varios colectivos y grupos de mujeres que siguen luchando por lograr, sino la despenalización total del aborto, al menos una ampliación de las causales más respetuosa de los derechos reproductivos y reconozca que el fenómeno existe con legislación o sin ella, solo que si el Estado garantiza atención legal y segura al menos evitaremos las consecuencias para las gestantes, su familias y la sociedad.
