Aborto por violencia sexual. La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona para realizar una actividad sexual no deseada y sin su consentimiento y por lo tanto tiene muchas y variadas manifestaciones. Incluye el acto sexual en sí mismo, el intento de consumar un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, acciones para comercializar o utilizar de otro modo la sexualidad de otra persona. Es muy importante saber que la violencia sexual se puede dar en muchos lugares incluida la calle, el hogar o el lugar de estudio o de trabajo y se debe llamar así independientemente de la relación que se tenga entre la víctima y el violador.
Se considera violencia sexual cuando se usa la fuerza, cuando se intimida o amenaza (con daño físico, pero también por ejemplo con no permitir un ascenso o calificar mal una prueba si la víctima no accede), cuando se aprovecha que la víctima está bajo los efectos de alcohol u otras sustancias, o cuando se utiliza la situación de discapacidad de la víctima. Otras formas de violencia sexual incluyen la esclavitud sexual, o la violación que se da frecuentemente en situaciones de conflicto armado, donde el cuerpo de las mujeres es botín de guerra.
La violencia sexual vulnera los derechos humanos de las víctimas, niega su dignidad, colocando a la víctima en situación de indefensión; es un acto de discriminación hacia las personas, es causa y consecuencia de la desigualdad entre los sexos y de la discriminación basada en género. Las víctimas son principalmente mujeres, adolescentes, niñas y cada vez más personas pertenecientes a los grupos LGBTI. La violencia sexual, tal como lo ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supone una intromisión en la vida sexual que, además de anular el derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quien tener relaciones sexuales, conlleva la completa pérdida del control sobre las decisiones más personales e íntimas y sobre las funciones corporales básicas de las personas.
Infortunadamente la violencia sexual es un hecho común en el mundo, pero por varias razones no se denuncia en su totalidad, razón por la cual las cifras de violencia sexual se subestimen con mucha frecuencia. De hecho, en América Latina se ha calculado que solo alrededor de 5% de las víctimas adultas de la violencia sexual notifican el incidente a las autoridades correspondientes. Las razones por las cuales las víctimas no denuncian la violencia sexual incluyen entre otros:
- sistemas de apoyo inadecuados por parte de los estados, en los que con frecuencia se revictimiza a la víctima, produciendo un sufrimiento añadido cuando se investiga o se trata a la víctima
- en una cultura que con frecuencia culpa a las víctimas de lo que les ha sucedido, se genera vergüenza y temor a denunciar
- temor o riesgo de que el violador tome represalias y sea peor para la víctima y/o su familia
- temor o riesgo de ser culpadas, entre otras por la forma en que iba vestida, por la hora en que sucedió la violación, por el lugar en el que se encontraba
Todas estas razones deberían ser combatidas desde la sociedad y entender que la violación sexual es un delito atroz con consecuencias muy importantes para las víctimas. Tiene efectos psicológicos severos, genera impacto psicosocial y de salud física, discapacidades crónicas y/o permanentes e incluso la muerte. Además, se producen efectos en la salud sexual y reproductiva de las personas sobrevivientes a una violación sexual, como lesiones genitales, infecciones urinarias, enfermedad pélvica inflamatoria y dolor pélvico, infertilidad, infecciones de transmisión sexual incluida el VIH/SIDA, reinfección, disfunción sexual, embarazo no deseado y aborto inseguro.
El riesgo de que una violación sexual produzca un embarazo, es por lo menos el mismo que en cualquier relación sexual pero dado que muchas personas no usan métodos anticonceptivos de manera permanente y que además muchas víctimas son personas que ni siquiera han iniciado su vida sexual, podríamos decir que la posibilidad de quedar en embarazo como resultado de una violación sexual es relativamente alta, dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que suceda la violación, además de que los factores emocionales como el stress agudo generado por una violación puede tener efectos hormonales importantes. Se calcula que entre el 10 y el 15% de las violaciones sexuales generan un embarazo.
Obviamente la decisión sobre continuar un embarazo producto de una violación solo le compete a la persona embarazada, pero obligar a una persona que ha sido víctima de violencia sexual y queda embarazada a continuar con el embarazo y tener un/a hijo/a producto de esa violación, ha sido catalogado como continuación forzada del embarazo y en tal sentido como tortura, trato cruel y degradante.
Por lo tanto, todas las legislaciones de todos los países deberían considerar la violencia sexual como una causal de aborto legal para que las víctimas tengan la libertad de decidir frente a ese embarazo y debería ser obligación de los estados garantizar la prestación del servicio de interrupción del embarazo por esta razón. Sin embargo, todavía hay países en el mundo y desafortunadamente América Latina no es la excepción donde el aborto por violación no está permitido en las leyes. Podríamos decir que en la mayoría de países de América Latina en los que existen causales en las que se permite el aborto, la violación sexual es una de ellas y en la inmensa mayoría de los casos basta con la denuncia de la violación por parte de la víctima embarazada o con la declaración jurada ante el servicio de salud para que se autorice el procedimiento de interrupción del embarazo. Lo anterior significa que en esas circunstancias, no es necesario que haya un trámite judicial, dictámenes médico-legales o autorización de un juez para la práctica del aborto por violación sexual.
También es importante saber que en aquellos países en los que no está permitido el aborto por violencia sexual, pero si es legal la interrupción del embarazo para proteger la salud mental de la persona embarazada, en los casos particulares puede ser explorada la conexión entre violación y efectos en la salud mental, conjuntamente entre el prestador de servicio de salud y la víctima, con el fin de determinar si aplica en ese caso la causal salud. Lo anterior teniendo en cuenta que la salud está definida por la Organización Mundial de La Salud (OMS) como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad.
